Mientras la escuela pública se hunde -esto es literal en
algunas-, y el sueldo de los profesores se congela –los alumnos, sin
calefacción también-, y el copago sanitario se acerca, la impunidad hacia la
corrupción crece y se castiga a los perseguidores. Después de que la Justicia
acabara con Garzón, el Gobierno ha cesado a los investigadores de la trama
Gürtel y de Urdangarín y en su lugar ha colocado en la oficina antifraude a una
implicada en el caso de Gescartera. Simbólico, pero no tanto si tenemos en
cuenta los precedentes y el fondo de la cuestión.
Mientras el coste de la corrupción en España, desatada
durante la burbuja inmobiliaria, duplica la de nuestros vecinos europeos, los
delitos “investigados” no llegan a un 10%. Mientras que a usted intentan
culpabilizarle y hacerle responsable de la crisis, para los políticos hay barra
libre del erario público. Lógico, si tenemos en cuenta que el control de gasto
público corre a cargo del Tribunal de Cuentas, un órgano cuyos consejeros son elegidos por los dos principales partidos
políticos, al igual que el Tribunal Supremo. ¿Quiere que le diga más?
Nos fallan los pilares básicos del Estado de Derecho, la
separación entre poderes, la independencia de los mismos. Los que debían ser
controlados eligen a quienes les debían controlar, no puedo imaginar mayor
perversión en un sistema democrático. Y esta, que es la clave, ninguno de los
dos está dispuesto a cambiarla...por la cuenta que les trae.
Si el dinero defraudado, evadido, no declarado y deudor de
la Hacienda Pública viera la luz, no serían necesarios los recortes, máxime
cuando a la hora de recortar solo lo hacen en los servicios básicos. Pero es que,
si no hubiera paz para los corruptos, el pequeño empresario no sentiría
justificado el fraude (y lo que ahorrarían en cohechos) Ayer, en un programa de la tele, preguntaban a
varios jóvenes si alguna vez habían robado en las tiendas. Les parecía lo más
normal. Y se reían. Como Camps.
Mete miedo por la cabeza...
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