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Anticorrupción se opone a que Rajoy declare en el caso Bárcenas
y rechaza investigar el borrado de los discos. Anticorrupción se opone a que declaren
Camps y Barberá, en el caso Urdangarín y archiva la denuncia sobre Fabra. El Tribunal
Constitucional, contradiciendo anteriores sentencias al respecto, dice que no
pasa nada por que su presidente tenga una militancia probada en el partido
gubernamental ni que sea declaradamente
contrario, por ejemplo, al independentismo catalán. El Ministerio de Defensa
permite que un militar franquista, anticonstitucional y antimonárquico acuda a
hacer alegatos golpistas a las tertulias de Intereconomía y promueve su
ascenso. La Fiscalía anuncia que se pasa por el forro las normas internacionales
y no detiene a los torturadores franquistas. Incluso así, el Fiscal General del Estado, quiere hacer desaparecer la Fiscalía Anticorrupción.
En este ambiente de corrupción, de amaños y apaños, da la
impresión de que la Justicia no es un poder independiente, sino que actúa como
mamporrera del gobierno de turno. Y una Justicia politizada no cabe en un
momento histórico donde la política está más que nunca judicializada (con casi
500 políticos imputados)
Ante esta deriva antidemocrática de la institución, acorde a
la sufrida por el país, no cabe más que urgir una real y efectiva separación de
poderes, como dicta la tan manida Constitución. Por cierto, muy intocable, pero
se cambia de un día para el otro si lo dicta el FMI y se incumple a diario.
¡Qué despropósito! Y cuanta manipulación…
¿Son ustedes conscientes?
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